Crimen organizado y realismo político

Una de las mejores maneras de metaforizar la toma de un Estado por el principio de la mafia[1] y la violencia concomitante, es como una infestación. Remite a un proceso de contagio creciente con diferentes grados de virulencia y a la posibilidad de mitigarla, aunque quizá nunca de erradicarla por completo (después de todo, a nivel mundial, del inmenso conjunto de enfermedades infecciosas existente, sólo se ha podido erradicar totalmente una: la viruela negra). La metáfora es pertinente porque encuadra la mente en un plano realista de acción, más allá de los buenos deseos y las fantasías irrealizables.

Contrario a esto, en términos generales, la postura de la gente de la calle en torno a la colonización tanto de la institucionalidad estatal como de la vida pública por parte del crimen organizado, es maniquea. Por un lado, existe un conjunto de malditos, encabezados por los capos del narcotráfico y sus sicarios; y, por otro lado, existen el gobierno y sus instituciones de fuerza pública encargadas de resguardar y defender a la ciudadanía indefensa.

Justo esta mentalidad fue la que explotó en México la administración de Felipe Calderón Hinojosa para dar credibilidad ideológica a la “guerra contra el crimen” que efectuó del 2006 al 2012. Sin duda, una cohesión de clase puede identificarse en ello. El ex presidente, como buena parte de su electorado, pertenece a una clase media alta mexicana chabacana, conservadora y de pensamiento lineal sin muchas posibilidades de ver al mundo más que con cartabones manidos y estereotipos simplificadores de lo social. El machacón eslogan de la publicidad gubernamental de dicho sexenio, apoyando sus acciones bélicas contra el crimen organizado, fue esclarecedor al respecto: “estamos luchando para que la droga no llegue a tu familia”.

El nacotráfico y los sueños de superación material de las inmensas clases empobrecidas del Tercer Mundo.

Dividir el asunto entre buenos y malos únicamente sirve para que las consciencias burguesas se pongan del lado de los ángeles, como decía Luhmann al hablar de la moralización de la política. Pero la realidad de las drogas es mucho más compleja, pertinaz y ominosa que eso. Identifico, al menos, tres factores cruciales de ello:

A] Existe una sólida base de aceptación y legitimación social del crimen en general y del crimen organizado, en especial. Ya no es sólo que este sea una manera paralela al capitalismo tradicional para hacerse con un tajo importante del plusvalor de la sociedad, restringido a clanes dedicados a eso, sino que para amplios sectores de la población, es una opción real y verdadera de movilidad social. En aquellos lugares de marginación endémica, el narco ocupa funcionalmente el lugar que la universidad tuvo para la clase media hace cincuenta o sesenta años: permite aspirar a un mejor futuro social y económico. Las mantas de los Z, originalmente dirigidas a los miembros de la milicia, pero que bien apelan a un amplio sector de la población, son contundentes al respecto: “te ofrecemos buen sueldo comida y atenciones a tu familia ya no sufras maltratos y no sufras hambre. Nosotros no te damos de comer sopas maruchas (sic)” (citado por Viridiana Ríos y Steven Dudley en su artículo “La marca Zeta”, disponible en http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulov2print&Article=2204328).

Que para la gran mayoría de los que eligen esta alternativa, la muerte sea la acuciante sombra de su trabajo es, prácticamente, irrelevante, y tiene su equivalente funcional con la pertinaz sombra del desempleo para el asalariado convencional. Es sólo una ecuación de aumento proporcional entre ganancia/riesgo laboral. O, por lo menos, así se vive psicológicamente.

Asimismo, junto con este sector de la población, amplio y clave para la expansión explosiva del crimen organizado en diversas partes del mundo (y que, en el caso mexicano, han retratado estupendamente libros como El narco de Ioan Grillo y La ciudad del crimen de Charles Bowden), un importante grupo de la clase media ha decidido también incorporarse a las filas de las actividades ilícitas: abogados, médicos, ingenieros, contadores, desarrolladores de TI, prestanombres, lavadores de dinero, políticos y empresarios, han participado por voluntad propia de esta forma salvaje del capitalismo. En suma, al ser no tanto una alternativa, sino la versión más radical de la obtención del plusvalor, el principio de la mafia genera sentido para grandes, cuando no inmensos, sectores de la población de un país.

B] Cuando la infestación criminal es masiva, las estructuras funcionales del Estado se encuentran expuestas a su corrosión. Esto es algo mucho más amplio y más profundo que las anécdotas casi pintorescas de alcaldes, diputados y gobernadores que facilitan el actuar de los narcotraficantes y se enriquecen de esta manera. Es, en cambio, una instancia que penetra estructuralmente en la performatividad estatal.

Como toda forma de capitalismo, la productividad del crimen organizado necesita del Estado para prosperar. Es cuando los sistemas político, jurídico y financiero de una nación comienzan a ser cooptados por la funcionalidad criminal. Quizá al principio con algún tipo de amenaza sobre el uso de la violencia para obtener la cooperación de personajes decisorios clave (algún procurador [fiscal general], un director de banco), pero básicamente porque se convierte en un elemento económico esencial que instituye dinámicas cotidianas: un bono de productividad permanente (productividad para el negocio de la mafia, se entiende) a todo lo largo del sistema judicial: de los policías de investigación a los procuradores estatales y federales que, como toda forma de estímulo económico, hace que la interacción laboral gire en torno a su obtención; por medio de esto, las grandes mafias criminales están en posibilidad de dirigir las acciones policiacas y jurídicas a su conveniencia, algo que entre mayor es la debilidad de un Estado, ocurre con más virulencia (cosa que ejemplificó prístinamente Héctor de Mauleón en su reportaje “La ruta de sangre de Beltrán Leyva”, disponible en http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=72985).

Por igual, el trasiego monetario local, regional, nacional y global que los intercambios mercantiles ilícitos manejan representa una inyección permanente de liquidez para el sistema financiero. Grandes y medianos empresarios se benefician directamente del dinero libre que las actividades del crimen organizado ponen a su disposición y participan como testaferros, estrategas, administradores y blanqueadores de las grandes y medianas mafias. De la misma manera, la clase política de numerosos lugares del planeta, presta sus servicios a la criminalidad mafiosa para hacerse con su tajada de las ganancias rápidas, exorbitantes y libres de polvo y paja que sus actividades generan. Iniciativa privada y servidores públicos al servicio de reducidos grupos de individuos y no del bien común. Eso es algo en lo que han insistido especialistas en el tema como Edgardo Buscaglia (un ejemplo de su postura puede verse en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2199/9.pdf): la corrupción es el combustible del crimen organizado. Sin ella, no podría florecer de la manera tan exitosa como lo hace. Aunado a esto, se encuentra la radicalidad pragmática de la liquidez masiva de la productividad mafiosa. En México, por ejemplo, el cobro de un impuesto del 3 por ciento sobre el monto de los depósitos bancarios en efectivo, es la aceptación definitiva por parte de la autoridad de que el dinero ilícito es bienvenido en el sistema bancario. No sólo se admite que ese dinero circule libremente, sino que se le hace partícipe de la redistribución del valor, vía tasaciones impositivas, propia de la razón de ser del Estado.

C] El ala conservadora de la sociedad ha insistido sobremanera en la protección social contra el consumo de estupefacientes. Como parte de su agenda política (y, casi siempre, también religiosa), ha sobredimensionado el papel de la familia. Se dice que tal es el núcleo de los valores, la educación sanitaria y la profilaxis mental en contra del uso de drogas. Generalmente, se le hipostasia y se le convierte en una entidad etérea, encapsulada por encima del sistema social y sus avatares.

Pero lo cierto es que la familia, con toda su artificialidad histórica (que, hay que recodarlo, comenzó siendo ante todo una forma de administración socio-económica), es inerme y casi siempre inerte ante los procesos socialmente generalizados de fomento de lo que Peter Sloterdijk ha llamado “inversión de la absorción”. Esto es, el fenómeno típicamente moderno en el que el sujeto, perdidos para siempre los controles místicos de las drogas santas, no es más el que absorbe sus drogas, sino éstas las que lo absorben a él.

Esta dinámica, esta exposición generalizada a ser absorbidos por las drogas (de todas las cuales, la más legal, difundida y aceptada, el alcohol, es el ejemplo paradigmático), es una condición estructural del sistema social contemporáneo. Su complejidad sistémica es tal y se le exige tanto a los individuos que la olla de presión de la vida productiva cotidiana tiende a estallar a manera de escapismo mundano por medio de las drogas (y todos los que somos alcohólicos productivos sabemos que, como dice el dicho de las redes sociales, la exquisitez del alcohol finsemanario es directamente proporcional al estrés de la semana). En su ensayo “¿Para qué drogas? De la dialéctica de huida y búsqueda del mundo”, recogido en la colección Extrañamiento del mundo, Sloterdijk identifica en ello las siguientes dinámicas: 1) la Modernidad excluyó la ritualidad metafísica y la remplazó con “el culto al dinero y al éxito intramundano”. 2) “Quien no pueda acceder a esas drogas sustitutorias es arrojado, de hecho, a las llamadas drogas duras”. 3) “Ahora se abre el camino al consumo privado y profano de drogas y, en cuanto se pone el pie en él, se va a caer irremisiblemente, en el agujero de la adicción”. 4) “Incluso se podría decir que, en la modernidad, los adictos se diferencian de los sobrios sólo en que aquéllos se han decidido por una alta velocidad de autodestrucción”. 5) “Esto lo han entendido mejor los jefes de la mafia y los cabecillas de las sectas políticas que los psicólogos sociales y los terapeutas”. En suma, para decirlo con la crudeza característica del propio Sloterdijk, la solución al problema de la adicción en todas sus formas, sólo marginalmente pasa por la familia y por la intervención estatal, ya que, en realidad, tendría que desfondarse o revertirse la totalidad de nuestra civilización para tales efectos; cosa, por supuesto, prácticamente imposible.

El crimen organizado y su concomitante estela de violenta desinhibición estructural.

Con este trasfondo arribamos a la discusión en torno a lo que debería ser una estrategia mínimamente virtuosa por parte del Estado para controlar la infestación criminal y violenta en su interior. En el ámbito mexicano, uno de los que ha dado algunos importantes lineamientos generales sobre el camino a seguir, ha sido el investigador Eduardo Guerrero Gutiérrez, quien en el punto más álgido de la guerra civil calderonista, publicó un duro artículo científico sobre la absurda estrategia elegida (“La raíz de la violencia”, disponible en http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2099328); allí afirmó: “A lo que sí puede y debe aspirar nuestro país en el futuro inmediato es a reducir la violencia que cada vez crece y se expande más en su territorio”. Básicamente, su propuesta realista establece lo siguiente: Olvidar el objetivo central (obsesión, en tiempos de Calderón) de defenestrar los liderazgos cupulares de los carteles del narcotráfico para privilegiar el control de la criminalidad común que ha florecido en torno a la fragmentación de las organizaciones delictivas, ocasionada por la intervención indiscriminada de la fuerza policiaca y militar del Estado. La estrategia planteada por Guerrero ha sido utilizada con eficacia en diversas ciudades de Estados Unidos: dejar hacer a los criminales, excepto en aquellos delitos que más laceran a la población, el secuestro en primera instancia. Se le conoce como estrategia disuasiva: “...una estrategia disuasiva se centra en enviar mensajes a las organizaciones criminales para desincentivar su comportamiento violento y las acciones que tienen mayores costos en términos de vidas humanas y bienestar social”.

En el caso mexicano, la sugerencia entre líneas es dar cierta vía libre para el trasiego de estupefacientes a EE. UU., con la finalidad de exportar el problema a quien tiene una muchísima mayor capacidad bélica, logística y humana para combatirlo: “Las prioridades de los dos países no son las mismas. Mientras que la política de desarticulación de grandes organizaciones criminales es consistente con el interés del gobierno de Estados Unidos de restringir la oferta de drogas en su territorio, México necesita ahora enfocar sus esfuerzos en reducir la violencia, incluso si esto implica destinar menos recursos a combatir el tráfico internacional de drogas”. Todo ello tiene como trasfondo el reconocimiento de una realidad ineludible: el crimen organizado, en general, y el narcotráfico, en particular, están aquí para quedarse. Son la cabeza de la hidra de nuestra época. Partir del supuesto de que se les puede combatir hasta el exterminio es, sencillamente, un espejismo y un despropósito. Una ingenuidad clasemediera.

Los más destacados analistas coinciden: México vive una guerra civil narcoinsurgente.

Pasado el dislate calderonista, con visos de comprender el problema como únicamente controlable, pero nunca aniquilable, aunque ciertamente con palidez y un poco a tientas, las actuales administraciones federal de la República mexicana y local de la Ciudad de México, han lanzado dos propuestas que, sin contexto, suenan enigmáticas, pero que concediendo un mínimo de astucia política a ambos gobiernos, irían por el camino correcto para afrontar la infestación criminal nacional. La primera de ellas fue la que emanó desde la Secretaría de Gobernación e hizo eco en los medios masivos de comunicación y en la opinión pública en general: dejar de hablar de la violencia desbordada en el país. O, en las matizadas palabras del Subsecretario de Medios de Gobernación, Eduardo Sánchez, “que la presentación de esta información no constituya en sí misma una exaltación de los delincuentes y mucho menos una apología del delito y de la violencia” (puede buscarse la nota en www.diariocritico.com).

Al principio, esto fue interpretado mayoritariamente (quien esto escribe incluido) como una burda campaña de maquillaje mediático para crear la percepción de que, en este país, todo es maravilloso. No fue sino meses después de dicho anuncio oficial, que parece encontrar pleno sentido la mencionada propuesta. Este verano anunció el gobierno federal que ya no nombrará más por los alias con que son conocidas las diversas organizaciones criminales que asuelan al país, que es irrelevante la manera en que ellos se llamen a sí mismos y que no dará juego a sus auto denominaciones. Una vez más, no se ofreció mayor contexto del asunto. Pero leyendo con cierto cuidado estas declaraciones gubernamentales, parece que la estrategia ataca al establecimiento de una extendida narcocultura mexicana. Que si bien está firmemente arraigada en ciertos sectores de la población y no cederá pronto, sí es necesario dejar de retroalimentarla por medio de algún tipo de nunca bienvenida, pero a veces necesaria, censura. Realizar un esfuerzo federal para sacar del lenguaje público las marcas de los narcotraficantes no es cosa menor cuando abundan los elementos de un culto a ellos que incluyen leyendas, canciones, loas, filmes y literatura apologética dedicados a elevar su actuar nefando. Asimismo, la intención de disminuir las notas en torno al crimen organizado lleva a pensar que, en paralelo, se está buscando algún tipo de discreta negociación[2] entre los representantes del Estado y los jefes del narcotráfico cuyo tema central sería el intercambio de vías libres (es decir, sin intervención del ejército y la policía federal) para el trasiego masivo de enervantes hacia el norte del continente, a cambio de la pacificación de zonas poblacionales en donde el sicariato se ha expandido a crímenes del fuero común. Justo en el espíritu de la propuesta de Guerrero Gutiérrez.

Es dable pensar esto no sólo porque el PRI tiene una larga tradición de alianzas con el narcotráfico (que quizá ahora se puedan utilizar para el bien público y no sólo para el consuetudinario enriquecimiento ilícito de funcionarios pertenecientes a dicho partido político), sino por un simple principio de realidad política: se ha llegado a un punto en el que es imposible extirpar definitivamente el problema y es igualmente imposible convivir con él, en consecuencia, debe haber algún tipo de negociación a puerta cerrada para comenzar la pacificación del país. Esto no es nada nuevo y, por lo menos, desde los pactos de la Corona inglesa con los piratas del Atlántico, ha sido una facultad que los Estados se han reservado. Por supuesto, lo anterior es una mera especulación que sigue la lógica del pragmatismo político, necesario para el funcionamiento del Estado. Si no existe este trasfondo y, por lo contrario, solamente se tiene una “estrategia” de simulación mediática, el actuar gubernamental será igual de erróneo que el de la administración anterior, sólo que ahora no por negligencia, sino por omisión.

Espléndida obra de análisis sobre el crimen organizado mexicano, del investigador inglés Ioan Grillo.

Lo segundo que ha dado que pensar en las últimas semanas ha sido la apertura del debate en torno a la legalización de la producción y el consumo de marihuana por parte del gobierno de la Ciudad de México. Queda aún por determinar si, en tanto que localidad, el Distrito Federal tiene las suficientes atribuciones legales para tales efectos, pero lo central del asunto es haber llevado a la opinión pública el tema de la legalización. En una sociedad tan conservadora como la mexicana y en la más liberal de sus ciudades, las encuestas daban un 15% a favor y 46% en contra de la propuesta (véase, “Encuesta: 49% en total desacuerdo con legalizar la marihuana” en www.adnpolitico.com/gobierno). En general, la gente tiende a moralizar el asunto y hay absurdos como quien es abiertamente alcohólico que se opone en términos morales a la liberalización de la cannabis, si bien el apoyo aumenta entre quienes tienen mejor instrucción y mayores ingresos.

No obstante, más allá de la opinión de la gente de la calle, hay diversas ventajas en materia de salud y vida pública, entre ellas, para el consumidor serán las de no ser tratado como criminal, la de tener espacios seguros para la compra y consumo, asegurar un mínimo de control de calidad de lo que se fuma, tener a mano un ambiente social cercano de auto protección (como el famoso “quitar las llaves” al borracho que pretende manejar) y la posibilidad de entrar sin vergüenza social a círculos clínicos para el control de las adicciones.

De manera cierta, un tema de fondo es la transformación de los narcotraficantes en señores empresarios. Más allá de que con la profundidad filosófica que le caracteriza, Sloterdijk ha argumentado en su obra En el mundo interior del capital que, en el inicio de la era moderna, pirata y emprendedor se hermanan para dar pie a una intensa explotación planetaria (de recursos humanos, materiales y animales), el asunto remite, una vez más, a una cuestión básica de realismo político. Es una manera de cooptar a los que dirigen y coordinan la producción de la marihuana hacia el seno de la recaudación fiscal y hacia los cauces de los negocios regulados estatalmente. Poner un cerco público al núcleo de sus ganancias ilícitas (ciertamente no exclusivo, pero sí el más importante centro de generación de su capital). Habría que tener una “ley del perdón”, similar a la “ley del punto final” que se tuvo en Argentina durante la transición a la democracia para con los militares que cometieron crímenes contra la humanidad, aunque allá el caso era mucho más grave, ya que los ilícitos se cometieron desde el Estado hacia su población y, en el caso que ahora nos ocupa, el crimen organizado, por definición, opera al margen o en contra de la ley y nada diverso se puede esperar de su actuar. En efecto, con una “ley del perdón” habría un margen de laceración de la opinión pública, pero dada la potencia de fuego y los niveles de riqueza que el negocio de las drogas produce, la conversión de los capitalistas sanguinarios en capitalistas sin más, bajo la anuencia del Estado deberá interpretarse como un mal menor en beneficio del futuro nacional; uno en el que, por lo menos, se haya conjurado la guerra civil en curso.[3]

Charles Bowden y una tesis arrojada y sugerente: la narcosociedad es el extremo del capitalismo tardío.

Admitir que el narcotráfico puede convertirse en uno como cualquiera otro de los negocios y empresas convencionales del sistema-mundo capitalista tiene, por lo menos, dos grandes implicaciones de orden civilizatorio: 
1] En el nivel de la dinámica histórica del capitalismo, el crimen organizado y una de sus más virulentas variantes como es el narcotráfico, ha surgido como una especie de literalización de la semántica bélica inherente a la competencia empresarial en el mercado. Ha tenido un éxito rotundo debido a la dinámica de estresamiento masivo de la psique individual, propia de la civilización tecnocientífica. En última instancia, sin la etérea ontología del escapismo mental, no existiría la bonanza del negocio. El capitalismo estatalmente organizado (es decir, el único que realmente ha existido, puesto que el “libre mercado” es sólo una invención ideológica del siglo XVIII) busca ahora las maneras de reintegrar en su lógica a la rama virulenta que, por su parte, tiene facciones que intentan independizarse de cualquier cauce estatal; es ahí donde se han dado los experimentos de narcomilicia, narcoguerrilla y narcoanarquismo, especialmente vinculado con el pandillerismo nihilista de cuño latinoamericano. La intentona de reencauzar al narcotráfico no tiene otra coherencia, sino la del atractivo que sus inmensas ganancias tienen tanto para los Estados y sus arcas como para el resto de empresarios y sus cuentas de inversión. Se verá qué rumbo toma este toma y daca capitalista en el mediano plazo. 
2] El reconocimiento de que la industria de los estupefacientes está a la par de la industria del entretenimiento como placebos ilusorios pero eficaces para la liberación de presión psicológica para las grandes masas productivas del mundo entero. Porque adicto no es sólo el junkie evidente, desempleado perpetuo con la vida familiar, comunitaria y social arruinada para siempre, sino el oficinista que se cuelga del porno virtual por horas enteras, bebe hasta el desmayo los viernes por la noche o cuando juega la Selección Nacional, o se gasta media quincena en el casino de la esquina. Es el hombre y la mujer de la calle que considera indispensable para su estabilidad mental un espacio de escape del mundo, aunque sea por unas horas. Y mientras algunos se pierden en el debate moral entre drogas de ángeles y drogas demoníacas (en último término, todas son esto último: “Y es que en condiciones de consumo privado ─escribe Sloterdijk─, toda sustancia psicotrópica acaba por cumplir, tarde o temprano, la definición de lo demoníaco. En la relación con el demonio, pierde el sujeto su voluntad en favor de su más poderoso socio”), aquellos que las consumen tienen el derecho a elegir dar malabares en el abismo, a rehabilitarse en la medida de lo posible, e incluso a saltar en el vacío; pero sobre todo, tienen derecho a hacerlo sin estar entre balazos de norte a sur y de este a oeste.           

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[1] Sigo la puntual definición que de él hace Immanuel Wallerstein en su obra Utopística o las opciones históricas del siglo XXI: “Por mafia me refiero a todos aquellos que tratan de obtener ganancias sustanciales evadiendo las restricciones legales y los impuestos o extorsionando costos de protección, y a todos aquellos que están dispuestos a usar la fuerza privada, el soborno y la corrupción de los procesos formales del Estado para garantizar la viabilidad de este modo de acumulación de capital”.

[2] En el ensayo aquí comentado, Eduardo Guerrero hace la siguiente precisión de importancia: “La estrategia disuasiva no implica un “pacto” con las organizaciones criminales. Por definición, un pacto supone obligaciones para quienes lo suscriben. Una estrategia disuasiva no implica ninguna obligación por parte del Estado, pues éste nunca renuncia o compromete ninguna de sus capacidades o facultades. El Estado siempre se reserva el derecho a actuar en cualquier momento como mejor crea que conviene al interés público... El Estado se reserva el derecho de perseguir todos los delitos, incluso aquellos que decida no perseguir de modo sistemático”. Por eso he utilizado el término ‘negociación’, si bien sí que es materia de debate hasta qué punto un Estado tan debilitado como el mexicano puede efectivamente no pactar con organizaciones criminales con una logística, un armamentismo y un ejército de reserva laboral mercenaria de la envergadura de, por ejemplo, los Zetas.     

[3] El ya mencionado Edgardo Buscaglia afirma que es un sinsentido tomar la legalización de las drogas como la solución al narcotráfico y llama “idiotas útiles” a quienes propugnan por ello. La parte fuerte de su argumento radica en que los narcotraficantes no sólo se dedican al negocio de las drogas, sino a otros negocios ilícitos como la trata de personas, el secuestro, el robo a bancos, etcétera. (Pueden verse sus argumentos, por ejemplo, en: http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/blogs-ok/lecturas-de/item/835-edgardo-buscaglia-%E2%80%9Chasta-que-la-clase-pol%C3%ADtica-no-sea-golpeada-no-tendr%C3%A1s-el-principio-del-fin%E2%80%9D). No obstante, es posible pensar que en un escenario así, aquellos que se hayan acogido a la virtual ley del perdón y hayan decidido participar de la legalización de manera empresarial convencional, estén en la mira cercana de las autoridades para desterrarlos del resto de posibles ilícitos que cometían habitualmente. Por supuesto, esto requeriría un Estado fuerte y justo este sí que es un contra argumento de Buscaglia: México y otros estados tercermundistas han presentado una creciente debilidad en lo que va del siglo.